ochoymedio
locuaz
RESPUESTA A LA CARTA DE PAH Barcelona
Queridas compañeras, queridos compañeros de la PAH,
Ante todo gracias por vuestra carta. Para mí demuestra que la PAH sigue atenta y vigilante, en plena forma, haciendo lo que tiene que hacer y para lo que nació: exigir soluciones a la vulneración de un derecho tan básico como es el derecho a la vivienda. Ante eso, no hay excusas, no hay justificaciones, no vale ampararse en la complejidad del problema ni echar pelotas fuera.
Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora con más fuerza y convicción que nunca: sin una ciudadanía organizada y exigente, no sólo no habrá cambio real, tampoco una democracia digna de ese nombre. A pesar de estar en un gobierno en minoría, en un clima electoral continuo que hace difíciles los acuerdos en beneficio de la ciudad, y en un día a día sin tregua ni descanso en el que nos faltan horas y nos dejamos la piel para sacar adelante nuestras propuestas, ni un solo día me he arrepentido de ser alcaldesa de Barcelona. Y no me he arrepentido precisamente porque soy consciente de estar viviendo un momento histórico, en el que está en marcha una revolución democrática, y una gran fuerza social nos empuja a quienes hoy ocupamos cargos de responsabilidad política para que ayudemos a democratizar nuestras instituciones, avanzando en transparencia y eficacia, para poner los recursos públicos al servicio del bien común.
Sois nuestra fuerza. Os necesitamos. Necesitamos vuestro empuje, vuestra exigencia y que nos recordéis, cada día si hace falta, que detrás de las cifras hay personas, que los derechos son lo primero y que, afortunadamente, tenemos nuevas herramientas para garantizarlos gracias al enorme trabajo que estáis haciendo.
A pesar de que, como sabéis, la competencia en política de vivienda es de la Generalitat, y la competencia de cambiar las leyes (hipotecaria y de enjuiciamiento civil, entre otras) es del estado, desde que llegamos al gobierno de la ciudad el pasado junio, estamos dedicando muchos esfuerzos y recursos a abordar la urgencia habitacional en Barcelona. Para parar desahucios y buscar alternativas, pero también para pensar las políticas de vivienda a largo plazo, dejadme hacer un primer listado de cosas que hemos hecho o que están en proceso:
1. Nada más llegar aprobamos destinar 3´5 millones de euros a ampliar el parque de vivienda social haciendo uso del derecho de tanteo y retracto.
2. Ampliamos las ayudas al pago del alquiler, tanto en presupuesto como en criterios de acceso. Por primera vez (atendiendo a una petición de la PAH y otras entidades sociales), las familias sin ningún tipo de ingreso que antes no tenían derecho a estas ayudas, ahora sí pueden acceder a ellas. La partida es de 7 millones, hemos recibido 2684 peticiones y 1300 ya están en trámite. Todas esas ayudas van a evitar desahucios por impago de alquiler, que como sabéis suponen cerca del 90% de los desahucios de la ciudad.
3. Estamos en proceso de negociación con la SAREB. El Ayuntamiento está presionando para firmar un convenio de cesión de pisos vacíos en condiciones dignas. Muy pronto esperamos poder comunicar novedades a este respecto.
4. En aplicación de la ley 24/2015 hemos solicitado ya más de 1400 cesiones de vivienda a grandes tenedores, incluida la SAREB. Ningún banco ha contestado a este requerimiento, así que en los próximos días vamos a empezar el proceso de abrir expedientes. Tenemos identificados 13 casos de desalojo inminente por parte de grandes propietarios a los que les hemos comunicado la obligación de ofrecer alquiler social. Todavía no se han producido los desalojos ni ha habido respuesta. En caso de que no cumplan lo estipulado por la ley, cursaremos la demanda en los juzgados.
5. Cuando llegamos nos encontramos unas oficinas de vivienda desbordadas. Hemos puesto en marcha una Unidad especial Contra la Exclusión Residencial: ahora mismo hay trece personas (y llegará a haber 21) que trabajan a tiempo completo en prevenir los desahucios que nos llegan, en intervenir personalmente para conseguir mediar y postergarlos, para conseguir más tiempo que permita buscar soluciones estables y dignas.
6. En aplicación de la moción impulsada por la PAH con anterioridad a la ley 24/2015, hemos empezado a multar a entidades financieras por tener pisos vacíos y no ponerlos en alquiler social. No está siendo un proceso fácil: de los 12 bancos multados, tres ya tienen segundas multas y todos han recurrido las sanciones. En algunos casos, hay entidades que utilizan sus amplios recursos jurídicos y otros mecanismos de presión sobre los funcionarios públicos municipales. Es algo en lo que hay que seguir trabajando, para poder garantizar plena seguridad jurídica a los trabajadores que intervienen en los expedientes. Hemos detectado 1500 viviendas vacías más que podrían dar lugar a sanciones, de las que 369 ya han sido inspeccionadas y están en trámite de pasar a “expediente de situación anómala”, que es la fase previa a la sanción.
7. Hemos firmado el primer convenio de cesión de uso con una cooperativa de vivienda para la construcción de 28 viviendas de alquiler accesible. Es todavía una cifra humilde, pero es el principio hacia el nuevo modelo que queremos incentivar. También hemos aprovechado la ampliación presupuestaria de 2015 para la compra de viviendas a precio inferior de mercado.
8. Nuestro principal objetivo a corto plazo es movilizar la vivienda vacía hacia el alquiler social, pero dada la gran necesidad de vivienda asequible que hay en la ciudad, también vamos a poner en marcha un plan a medio-largo plazo para la construcción de vivienda destinada a ampliar el parque de alquiler social en más de 4000 viviendas.
9. Desde septiembre hasta noviembre hemos intervenido en los 372 casos de desahucio que nos han sido notificados (vía oficinas de vivienda, vía PAH o vía juzgados). Sólo en 14 casos no pudimos actuar, lo cual no significa en ningún caso que nos desentendamos de las familias afectadas.
10. Hemos ampliado los recursos para combatir la pobreza energética. No sólo ampliando las ayudas para familias que no pueden hacer frente a los recibos de agua, luz o gas, sino, sobre todo, interpelando a las grandes compañías suministradoras para que, en aplicación de la ley 24/2015, eviten los cortes y se corresponsabilicen cubriendo parte de la deuda de las familias vulnerables.
Estas son algunas de las políticas que hemos iniciado en estos primeros 6 meses. Aunque aún queda mucho por hacer, me atrevería a decir que se está haciendo más en políticas públicas de vivienda en estos últimos meses que en los últimos años, y justo es reconocérselo especialmente a los trabajadores del Ayuntamiento que están haciendo cada día un esfuerzo titánico. En cualquier caso no podemos ni queremos ser autocomplacientes: aplicar la ley 24/2015 tiene que ser una prioridad, y no sólo para el Ayuntamiento sino también para la Generalitat (que a pesar de ser la administración competente en materia de vivienda no ha destinado presupuesto ni está formando a sus funcionarios para que la apliquen) y para los juzgados.
Mientras en esta ciudad haya desahucios de familias vulnerables de las que el Ayuntamiento no tiene noticia hasta el mismo día del desahucio, y mientras las administraciones no dispongamos de un parque público de alquiler asequible suficiente para garantizar el realojo, es vuestro deber denunciarlo y presionar: al Ayuntamiento, a la Generalitat, al Estado, a los Juzgados y a quién haga falta. Yo haría lo mismo en vuestro lugar.
Ada Colau
Alcaldesa de Barcelona
Link al blog:
http://adacolau.cat/es/post/respuesta-la-carta-de-la-pah
Queridas compañeras, queridos compañeros de la PAH,
Ante todo gracias por vuestra carta. Para mí demuestra que la PAH sigue atenta y vigilante, en plena forma, haciendo lo que tiene que hacer y para lo que nació: exigir soluciones a la vulneración de un derecho tan básico como es el derecho a la vivienda. Ante eso, no hay excusas, no hay justificaciones, no vale ampararse en la complejidad del problema ni echar pelotas fuera.
Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora con más fuerza y convicción que nunca: sin una ciudadanía organizada y exigente, no sólo no habrá cambio real, tampoco una democracia digna de ese nombre. A pesar de estar en un gobierno en minoría, en un clima electoral continuo que hace difíciles los acuerdos en beneficio de la ciudad, y en un día a día sin tregua ni descanso en el que nos faltan horas y nos dejamos la piel para sacar adelante nuestras propuestas, ni un solo día me he arrepentido de ser alcaldesa de Barcelona. Y no me he arrepentido precisamente porque soy consciente de estar viviendo un momento histórico, en el que está en marcha una revolución democrática, y una gran fuerza social nos empuja a quienes hoy ocupamos cargos de responsabilidad política para que ayudemos a democratizar nuestras instituciones, avanzando en transparencia y eficacia, para poner los recursos públicos al servicio del bien común.
Sois nuestra fuerza. Os necesitamos. Necesitamos vuestro empuje, vuestra exigencia y que nos recordéis, cada día si hace falta, que detrás de las cifras hay personas, que los derechos son lo primero y que, afortunadamente, tenemos nuevas herramientas para garantizarlos gracias al enorme trabajo que estáis haciendo.
A pesar de que, como sabéis, la competencia en política de vivienda es de la Generalitat, y la competencia de cambiar las leyes (hipotecaria y de enjuiciamiento civil, entre otras) es del estado, desde que llegamos al gobierno de la ciudad el pasado junio, estamos dedicando muchos esfuerzos y recursos a abordar la urgencia habitacional en Barcelona. Para parar desahucios y buscar alternativas, pero también para pensar las políticas de vivienda a largo plazo, dejadme hacer un primer listado de cosas que hemos hecho o que están en proceso:
1. Nada más llegar aprobamos destinar 3´5 millones de euros a ampliar el parque de vivienda social haciendo uso del derecho de tanteo y retracto.
2. Ampliamos las ayudas al pago del alquiler, tanto en presupuesto como en criterios de acceso. Por primera vez (atendiendo a una petición de la PAH y otras entidades sociales), las familias sin ningún tipo de ingreso que antes no tenían derecho a estas ayudas, ahora sí pueden acceder a ellas. La partida es de 7 millones, hemos recibido 2684 peticiones y 1300 ya están en trámite. Todas esas ayudas van a evitar desahucios por impago de alquiler, que como sabéis suponen cerca del 90% de los desahucios de la ciudad.
3. Estamos en proceso de negociación con la SAREB. El Ayuntamiento está presionando para firmar un convenio de cesión de pisos vacíos en condiciones dignas. Muy pronto esperamos poder comunicar novedades a este respecto.
4. En aplicación de la ley 24/2015 hemos solicitado ya más de 1400 cesiones de vivienda a grandes tenedores, incluida la SAREB. Ningún banco ha contestado a este requerimiento, así que en los próximos días vamos a empezar el proceso de abrir expedientes. Tenemos identificados 13 casos de desalojo inminente por parte de grandes propietarios a los que les hemos comunicado la obligación de ofrecer alquiler social. Todavía no se han producido los desalojos ni ha habido respuesta. En caso de que no cumplan lo estipulado por la ley, cursaremos la demanda en los juzgados.
5. Cuando llegamos nos encontramos unas oficinas de vivienda desbordadas. Hemos puesto en marcha una Unidad especial Contra la Exclusión Residencial: ahora mismo hay trece personas (y llegará a haber 21) que trabajan a tiempo completo en prevenir los desahucios que nos llegan, en intervenir personalmente para conseguir mediar y postergarlos, para conseguir más tiempo que permita buscar soluciones estables y dignas.
6. En aplicación de la moción impulsada por la PAH con anterioridad a la ley 24/2015, hemos empezado a multar a entidades financieras por tener pisos vacíos y no ponerlos en alquiler social. No está siendo un proceso fácil: de los 12 bancos multados, tres ya tienen segundas multas y todos han recurrido las sanciones. En algunos casos, hay entidades que utilizan sus amplios recursos jurídicos y otros mecanismos de presión sobre los funcionarios públicos municipales. Es algo en lo que hay que seguir trabajando, para poder garantizar plena seguridad jurídica a los trabajadores que intervienen en los expedientes. Hemos detectado 1500 viviendas vacías más que podrían dar lugar a sanciones, de las que 369 ya han sido inspeccionadas y están en trámite de pasar a “expediente de situación anómala”, que es la fase previa a la sanción.
7. Hemos firmado el primer convenio de cesión de uso con una cooperativa de vivienda para la construcción de 28 viviendas de alquiler accesible. Es todavía una cifra humilde, pero es el principio hacia el nuevo modelo que queremos incentivar. También hemos aprovechado la ampliación presupuestaria de 2015 para la compra de viviendas a precio inferior de mercado.
8. Nuestro principal objetivo a corto plazo es movilizar la vivienda vacía hacia el alquiler social, pero dada la gran necesidad de vivienda asequible que hay en la ciudad, también vamos a poner en marcha un plan a medio-largo plazo para la construcción de vivienda destinada a ampliar el parque de alquiler social en más de 4000 viviendas.
9. Desde septiembre hasta noviembre hemos intervenido en los 372 casos de desahucio que nos han sido notificados (vía oficinas de vivienda, vía PAH o vía juzgados). Sólo en 14 casos no pudimos actuar, lo cual no significa en ningún caso que nos desentendamos de las familias afectadas.
10. Hemos ampliado los recursos para combatir la pobreza energética. No sólo ampliando las ayudas para familias que no pueden hacer frente a los recibos de agua, luz o gas, sino, sobre todo, interpelando a las grandes compañías suministradoras para que, en aplicación de la ley 24/2015, eviten los cortes y se corresponsabilicen cubriendo parte de la deuda de las familias vulnerables.
Estas son algunas de las políticas que hemos iniciado en estos primeros 6 meses. Aunque aún queda mucho por hacer, me atrevería a decir que se está haciendo más en políticas públicas de vivienda en estos últimos meses que en los últimos años, y justo es reconocérselo especialmente a los trabajadores del Ayuntamiento que están haciendo cada día un esfuerzo titánico. En cualquier caso no podemos ni queremos ser autocomplacientes: aplicar la ley 24/2015 tiene que ser una prioridad, y no sólo para el Ayuntamiento sino también para la Generalitat (que a pesar de ser la administración competente en materia de vivienda no ha destinado presupuesto ni está formando a sus funcionarios para que la apliquen) y para los juzgados.
Mientras en esta ciudad haya desahucios de familias vulnerables de las que el Ayuntamiento no tiene noticia hasta el mismo día del desahucio, y mientras las administraciones no dispongamos de un parque público de alquiler asequible suficiente para garantizar el realojo, es vuestro deber denunciarlo y presionar: al Ayuntamiento, a la Generalitat, al Estado, a los Juzgados y a quién haga falta. Yo haría lo mismo en vuestro lugar.
Ada Colau
Alcaldesa de Barcelona
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