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El concejal de Turismo, Domingo Núñez, dice que Rocío Playa seguirá abierto si se constata que se han subsanado todas las deficiencias · La empresa cuenta con la concesión para los próximos 26 años.
El camping Rocío Playa en Matalascañas aún no se ha librado de la espada de Damocles que pende sobre la concesión administrativa de la que disfruta Protursa desde el año 82 y cuya vigencia no espira hasta dentro de 26 años. Aunque la petición municipal de instar a la Junta de Andalucía a revocar definitiva y unilateralmente la concesión administrativa sigue su curso burocrático, lo cierto es que las posturas se han acercado, al menos a tenor del viraje en el discurso protagonizado por el concejal de Turismo de Almonte, Domingo Núñez, quien abre la puerta, por primera vez, a la posibilidad de reconsiderar la postura municipal, si los técnicos constatan de forma fehaciente que las deficiencias halladas en su día se han subsanado.
Precisamente el propio concejal se congratula del cambio de discurso de la empresa al reconocer que se han mejorado las instalaciones. Lo que implícitamente considera que es dar credibilidad a los informes de los técnicos municipales y de la Junta, "reconociendo que existían deficiencias" en el complejo turístico que comprende un área de 25 hectáreas, situados en un enclave único y en primera línea de playa.
Núñez también quiso descartar que en el ánimo de la institución que representa estuviese la retirada de la concesión, "todo lo contrario. Hemos tenido que actuar casi por obligación", incluso a rebufo de los técnicos de la Junta de Andalucía, que "fueron los primeros en dar la voz de alarma sobre la situación. Nuestra actuación fue para preservar la imagen de Matalascañas y defender el turismo de calidad que pretendemos que nos defina".
Por otra parte el concejal socialista también tacha de "cortina de humo" el hecho de que la empresa apuntara que la medida institucional quería abrir la puerta a la construcción de un hotel, sin embargo insiste en que el objetivo era no asumir sus responsabilidades en las deficiencias que tenía la instalación turística.
Sobre esta cuestión, Núñez no se anda con ambigüedades y reconoce abiertamente que el POTAD de la comarca contempla un hotel de 200 plazas, si bien niega que detrás de la decisión municipal esté el interés por erigir esta infraestructura. Para ello, recuerda que a la hora de diseñar y definir el corpus del Plan de Ordenación Urbanística se ha de tener en cuenta que su vigencia alcanza, en muchos casos, las dos décadas, por lo que "se optó por fijar el suelo tanto para uso hotelero como de camping a fin de no constreñir el futuro de dicho suelo".
Entre tanto Protursa ha remitido ya su pertinente escrito de alegaciones tanto a la institución municipal como a la propia consejería de Turismo de la Junta. Al Ayuntamiento se le pide tener acceso al propio expediente y al informe que recoge las presuntas infracciones que se le imputan y que podrían dar lugar "a algo tan extremo como la resolución unilateral del contrato".
Al hilo de ello, el escrito alude que la legislación vigente determinó, cuando se otorgó la concesión, que previamente a este carrusel de medidas el Ayuntamiento debería de haber requerido el cumplimiento del contrato e incluso el secuestro, siempre antes de resolver el mismo. En base a esta normativa pide que se acuerde la nulidad de la resolución del 10 de julio de 2009 y, paralelamente, se les notifiquen las presuntas infracciones que se le imputan a fin de poder defenderse y no caer en "la indefensión que prohibe el artículo 24.1 de la Constitución.
Dicho documento va acompañado, además, de un acta notarial con fecha a 17 de Julio en el que se constata "el excelente estado del camping en cuanto a instalaciones eléctricas, de seguridad, extintores, puertas de emergencias que abren hacia el exterior, carteles informativos, agua, saneamiento y cuantas infracciones se imputan.
Más denso aún es la documentación remitida a la Junta de Andalucía. En este caso Protursa fundamenta su defensa en destacar que la inspección de los técnicos se desarrolló el 30 de enero de 2009, en fechas "donde la ocupación es nula y en la que se aprovecha para "prepararlo, subsanar defectos y tenerlo dispuesto para la temporada alta de verano, primavera y parte del otoño".
El informe también trata de desmontar algunas infracciones como que se carezca de un contrato de responsabilidad civil, así como la ausencia del "aparato de medición del nivel de ruidos". Por otro lado en el escrito se acompañan los certificados periódicos con respecto a la potabilidad del agua que rubrica Lacoal.
En cuanto a la seguridad dentro del recinto el propio notario da fe de que existían tres equipos móviles de extintores de 50 kilos, amén de acompañarse las facturas del mantenimiento de los mismos que firma la sociedad Provisg S.L.
Con respecto al controvertido camino que comunica la carretera de Mazagón con las instalaciones se vuelve a recordar que el titular es el Ayuntamiento de Almonte, "quien no lo arregla a pesar de las muchas reclamaciones que se le hacen, ni tampoco nos autoriza a su adecentamiento". Hechos por los cuales la empresa Protursa acusó al Ayuntamiento de Almonte de ejercer de "asusta-viejas".
fuente: http://www.huelvainformacion.es/
El camping Rocío Playa en Matalascañas aún no se ha librado de la espada de Damocles que pende sobre la concesión administrativa de la que disfruta Protursa desde el año 82 y cuya vigencia no espira hasta dentro de 26 años. Aunque la petición municipal de instar a la Junta de Andalucía a revocar definitiva y unilateralmente la concesión administrativa sigue su curso burocrático, lo cierto es que las posturas se han acercado, al menos a tenor del viraje en el discurso protagonizado por el concejal de Turismo de Almonte, Domingo Núñez, quien abre la puerta, por primera vez, a la posibilidad de reconsiderar la postura municipal, si los técnicos constatan de forma fehaciente que las deficiencias halladas en su día se han subsanado.
Precisamente el propio concejal se congratula del cambio de discurso de la empresa al reconocer que se han mejorado las instalaciones. Lo que implícitamente considera que es dar credibilidad a los informes de los técnicos municipales y de la Junta, "reconociendo que existían deficiencias" en el complejo turístico que comprende un área de 25 hectáreas, situados en un enclave único y en primera línea de playa.
Núñez también quiso descartar que en el ánimo de la institución que representa estuviese la retirada de la concesión, "todo lo contrario. Hemos tenido que actuar casi por obligación", incluso a rebufo de los técnicos de la Junta de Andalucía, que "fueron los primeros en dar la voz de alarma sobre la situación. Nuestra actuación fue para preservar la imagen de Matalascañas y defender el turismo de calidad que pretendemos que nos defina".
Por otra parte el concejal socialista también tacha de "cortina de humo" el hecho de que la empresa apuntara que la medida institucional quería abrir la puerta a la construcción de un hotel, sin embargo insiste en que el objetivo era no asumir sus responsabilidades en las deficiencias que tenía la instalación turística.
Sobre esta cuestión, Núñez no se anda con ambigüedades y reconoce abiertamente que el POTAD de la comarca contempla un hotel de 200 plazas, si bien niega que detrás de la decisión municipal esté el interés por erigir esta infraestructura. Para ello, recuerda que a la hora de diseñar y definir el corpus del Plan de Ordenación Urbanística se ha de tener en cuenta que su vigencia alcanza, en muchos casos, las dos décadas, por lo que "se optó por fijar el suelo tanto para uso hotelero como de camping a fin de no constreñir el futuro de dicho suelo".
Entre tanto Protursa ha remitido ya su pertinente escrito de alegaciones tanto a la institución municipal como a la propia consejería de Turismo de la Junta. Al Ayuntamiento se le pide tener acceso al propio expediente y al informe que recoge las presuntas infracciones que se le imputan y que podrían dar lugar "a algo tan extremo como la resolución unilateral del contrato".
Al hilo de ello, el escrito alude que la legislación vigente determinó, cuando se otorgó la concesión, que previamente a este carrusel de medidas el Ayuntamiento debería de haber requerido el cumplimiento del contrato e incluso el secuestro, siempre antes de resolver el mismo. En base a esta normativa pide que se acuerde la nulidad de la resolución del 10 de julio de 2009 y, paralelamente, se les notifiquen las presuntas infracciones que se le imputan a fin de poder defenderse y no caer en "la indefensión que prohibe el artículo 24.1 de la Constitución.
Dicho documento va acompañado, además, de un acta notarial con fecha a 17 de Julio en el que se constata "el excelente estado del camping en cuanto a instalaciones eléctricas, de seguridad, extintores, puertas de emergencias que abren hacia el exterior, carteles informativos, agua, saneamiento y cuantas infracciones se imputan.
Más denso aún es la documentación remitida a la Junta de Andalucía. En este caso Protursa fundamenta su defensa en destacar que la inspección de los técnicos se desarrolló el 30 de enero de 2009, en fechas "donde la ocupación es nula y en la que se aprovecha para "prepararlo, subsanar defectos y tenerlo dispuesto para la temporada alta de verano, primavera y parte del otoño".
El informe también trata de desmontar algunas infracciones como que se carezca de un contrato de responsabilidad civil, así como la ausencia del "aparato de medición del nivel de ruidos". Por otro lado en el escrito se acompañan los certificados periódicos con respecto a la potabilidad del agua que rubrica Lacoal.
En cuanto a la seguridad dentro del recinto el propio notario da fe de que existían tres equipos móviles de extintores de 50 kilos, amén de acompañarse las facturas del mantenimiento de los mismos que firma la sociedad Provisg S.L.
Con respecto al controvertido camino que comunica la carretera de Mazagón con las instalaciones se vuelve a recordar que el titular es el Ayuntamiento de Almonte, "quien no lo arregla a pesar de las muchas reclamaciones que se le hacen, ni tampoco nos autoriza a su adecentamiento". Hechos por los cuales la empresa Protursa acusó al Ayuntamiento de Almonte de ejercer de "asusta-viejas".
fuente: http://www.huelvainformacion.es/