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El juicio por la macroestafa en la venta de autocaravanas ha sido suspendido por cuarta vez debido a la enfermedad del abogado de uno de los acusados, J.M.F. y E.M.V. La Audiencia Provincial de Salamanca tenía previsto celebrar la vista los días 14 y 15 de octubre, pero la solicitud de aplazamiento presentada apenas una semana antes ha pospuesto nuevamente el proceso judicial.
Los acusados enfrentan cargos por estafa continuada y falsificación de documentos mercantiles, con la Fiscalía solicitando penas de ocho y siete años de prisión, respectivamente, además de multas de hasta 7.920 euros para J.M.F. y 7.200 euros para E.M.V. El caso involucra una estafa de 100.000 euros a casi una decena de personas en Salamanca y a otros afectados en distintas provincias españolas.
El modus operandi de los acusados consistía en publicar anuncios ficticios de autocaravanas en un conocido portal de internet. Solicitaban a los compradores un anticipo en concepto de reserva, sin intención de cumplir con la entrega de los vehículos. Para ello, usaban números de teléfono y cuentas bancarias obtenidas fraudulentamente, y en algunos casos mostraban autocaravanas alquiladas para dar credibilidad al engaño.
Tras recibir el dinero, los acusados cortaban todo contacto con los compradores, lo que llevó a numerosas denuncias. La Fiscalía exige que los acusados indemnicen a los afectados con cantidades que varían entre los 500 y los 30.000 euros.
Los acusados enfrentan cargos por estafa continuada y falsificación de documentos mercantiles, con la Fiscalía solicitando penas de ocho y siete años de prisión, respectivamente, además de multas de hasta 7.920 euros para J.M.F. y 7.200 euros para E.M.V. El caso involucra una estafa de 100.000 euros a casi una decena de personas en Salamanca y a otros afectados en distintas provincias españolas.
El modus operandi de los acusados consistía en publicar anuncios ficticios de autocaravanas en un conocido portal de internet. Solicitaban a los compradores un anticipo en concepto de reserva, sin intención de cumplir con la entrega de los vehículos. Para ello, usaban números de teléfono y cuentas bancarias obtenidas fraudulentamente, y en algunos casos mostraban autocaravanas alquiladas para dar credibilidad al engaño.
Tras recibir el dinero, los acusados cortaban todo contacto con los compradores, lo que llevó a numerosas denuncias. La Fiscalía exige que los acusados indemnicen a los afectados con cantidades que varían entre los 500 y los 30.000 euros.
