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«Es una ley que se venía reclamando y será bueno que salga cuanto antes». Es el sentir común de los sectores implicados en la futura Ley de Turismo, en periodo de alegaciones hasta el 4 de febrero. Viene a sustituir a la actual normativa, que data de 1997, y cuya estructura y contenido han quedado ya obsoletos como consecuencia del avance en estos años. Entre sus principales novedades se encuentra la actualización del régimen sancionador, el fomento del asociacionismo y una renovación en la clasificación de los alojamientos de turismo rural.
Es precisamente este último punto con el que más disconforme se muestra uno de los sectores más directamente afectados: la Federación de Asociaciones Catellano-Leonesas de Turismo Rural (Acaltur). Según el proyecto de ley, los alojamientos quedarían clasificados en tres tipos: hotel rural, posada y casa rural. Sin embargo, para el presidente de Acaltur, Javier Herrera, esta clasificación es más difícil de entender por el turista, por lo que consideran suficiente una división entre «hotel rural» (de alquiler por habitaciones) y «casa rural» (de alquiler completo). A partir de ahí, se muestran de acuerdo con que se establezcan cinco categorías basándose en criterios de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Por contra, echan de menos el desarrollo de la política de cancelación y reservas, así como una definición más precisa de lo que se considera «zona turística».
Por su parte, la Asociación Regional de Empresarios de Camping también echa en falta un «avance» en la clasificación de sus «establecimientos». El proyecto dice que los camping se clasifican de acuerdo con sus instalaciones y servicios en tres categorías (primera, segunda y tercera). Un planteamiento «arcaico» para el representante de esta asociación, Alejandro Sanz, ya que el camping es una realidad que ha ido cambiando y se trata de un concepto «mucho más plural y amplio» que, a parte del alojamiento, engloba un conjunto de servicios culturales o deportivos que lo convierten en una auténtica «ciudad de vacaciones». «Ahora, a parte de tiendas, caravanas, autocaravanas... hay bungalows y todo tipo de instalaciones recreativas, deportivas...» por lo que la clasificación «debe dejar un marco mucho más amplio», reclaman.
Otra de las ausencias que, según Sanz, tiene la futura normativa es la posibilidad de «afinar más el marco competencial de las corporaciones locales, diputaciones y la propia Comunidad» porque «no tiene ningún sentido atribuir competencias en materia de turismo a pequeños ayuntamientos, cuando no tienen ninguna posibilidad de ejercerlas porque carecen de los medios elementales para poderlas llevarlas adelantes con unas mínimas garantías».
«Más comodidad»
Pese a estas dos notas negativas, Sanz ve «excelente» la futura norma «porque supone una apuesta por la calidad, la innovación y la modernización» y «atribuye al sector privado un marco que nos permite trabajar con más comodidad». En este sentido, valora el trabajo y la «sensibilidad» de la Consejería de Cultura y Turismo y la capacidad de diálogo de su responsable, María José Salgueiro, con los sectores implicados. «Estamos -subrayó-encontrando una administración muy receptiva, que nos está comprendiendo y está haciendo un esfuerzo por ponerse en el lugar de los empresarios del sector».
También destaca el trabajo realizado por el Gobierno regional la Federación Castellano y Leonesa de Empresarios de Hostelería. Su presidente, Esteban Diez, dice que la futura ley «será propicia para los nuevos tiempos», aunque es partidario de que todavía se la dote de más contenido.
Mientras, desde la Federación Regional de Municipios y Provincias, su representante en el Consejo de Turismo, Pedro Martín, alcalde de Pedraza (Segovia), confía en que la norma ayude a recuperarse al sector, afectado también por la crisis. De su misma opinión es el presidente de la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas, Francisco Gallego, quien además cree que la normativa hará que asociaciones como la suya «tengan más voz y voto en el turismo de Castilla y León».
publicado en : http://www.abc.es/
Es precisamente este último punto con el que más disconforme se muestra uno de los sectores más directamente afectados: la Federación de Asociaciones Catellano-Leonesas de Turismo Rural (Acaltur). Según el proyecto de ley, los alojamientos quedarían clasificados en tres tipos: hotel rural, posada y casa rural. Sin embargo, para el presidente de Acaltur, Javier Herrera, esta clasificación es más difícil de entender por el turista, por lo que consideran suficiente una división entre «hotel rural» (de alquiler por habitaciones) y «casa rural» (de alquiler completo). A partir de ahí, se muestran de acuerdo con que se establezcan cinco categorías basándose en criterios de calidad, accesibilidad y sostenibilidad. Por contra, echan de menos el desarrollo de la política de cancelación y reservas, así como una definición más precisa de lo que se considera «zona turística».
Por su parte, la Asociación Regional de Empresarios de Camping también echa en falta un «avance» en la clasificación de sus «establecimientos». El proyecto dice que los camping se clasifican de acuerdo con sus instalaciones y servicios en tres categorías (primera, segunda y tercera). Un planteamiento «arcaico» para el representante de esta asociación, Alejandro Sanz, ya que el camping es una realidad que ha ido cambiando y se trata de un concepto «mucho más plural y amplio» que, a parte del alojamiento, engloba un conjunto de servicios culturales o deportivos que lo convierten en una auténtica «ciudad de vacaciones». «Ahora, a parte de tiendas, caravanas, autocaravanas... hay bungalows y todo tipo de instalaciones recreativas, deportivas...» por lo que la clasificación «debe dejar un marco mucho más amplio», reclaman.
Otra de las ausencias que, según Sanz, tiene la futura normativa es la posibilidad de «afinar más el marco competencial de las corporaciones locales, diputaciones y la propia Comunidad» porque «no tiene ningún sentido atribuir competencias en materia de turismo a pequeños ayuntamientos, cuando no tienen ninguna posibilidad de ejercerlas porque carecen de los medios elementales para poderlas llevarlas adelantes con unas mínimas garantías».
«Más comodidad»
Pese a estas dos notas negativas, Sanz ve «excelente» la futura norma «porque supone una apuesta por la calidad, la innovación y la modernización» y «atribuye al sector privado un marco que nos permite trabajar con más comodidad». En este sentido, valora el trabajo y la «sensibilidad» de la Consejería de Cultura y Turismo y la capacidad de diálogo de su responsable, María José Salgueiro, con los sectores implicados. «Estamos -subrayó-encontrando una administración muy receptiva, que nos está comprendiendo y está haciendo un esfuerzo por ponerse en el lugar de los empresarios del sector».
También destaca el trabajo realizado por el Gobierno regional la Federación Castellano y Leonesa de Empresarios de Hostelería. Su presidente, Esteban Diez, dice que la futura ley «será propicia para los nuevos tiempos», aunque es partidario de que todavía se la dote de más contenido.
Mientras, desde la Federación Regional de Municipios y Provincias, su representante en el Consejo de Turismo, Pedro Martín, alcalde de Pedraza (Segovia), confía en que la norma ayude a recuperarse al sector, afectado también por la crisis. De su misma opinión es el presidente de la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas, Francisco Gallego, quien además cree que la normativa hará que asociaciones como la suya «tengan más voz y voto en el turismo de Castilla y León».
publicado en : http://www.abc.es/