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Huelva se ha convertido en un destino preferente para los turistas de camping y autocaravanas. Su oferta de sol y playa ha atraído hasta la costa a miles de usuarios del sector. Sin embargo, la preocupación de los hosteleros de la provincia de Huelva crece en la misma medida en que se incrementa el número de asentamientos habitados ilegales.
El secretario general de la Asociación Provincial de Hosteleros de Huelva, Rafael Barba, señaló que se trata de un fenómeno que azota al litoral onubense desde hace años y que "cada vez se recrudece más".
El motivo no es otro que la falta de control que las administraciones competentes ejercen sobre las pernoctaciones de autocaravanas "en lugares ilegales para este uso, por lo que los usuarios continúan estableciéndose incluso hasta 50 días con total impunidad", cuando el máximo permitido es de 48 horas.
Y todo a pesar de la reunión anual mantenida entre los hosteleros y la Subdelegación del gobierno y de las "cartas que los campings han enviado a los distintos ayuntamientos" para que regulen la situación a través de ordenanzas municipales que otorguen potestad a Guardia Civil, Policía Local y Autonómica y al Seprona para actuar en este tipo de casos. "Lo único que pueden hacer es instar a los asentados a que se marchen, una medida que no es eficaz".
Ayamonte, la Playa del Hoyo de Isla Cristina (junto a la que sitúa el camping Giralda), la Playa de La Bota en Punta Umbría, los aledaños del Parador de Turismo de Mazagón y Matalascañas son las más castigadas por este fenómeno, si bien "no sólo están en la costa, sino por toda la provincia", agregó Rafael Barba. De este modo, "se convierten en asentamientos totalmente ilegales, como los de algunos inmigrantes".
Además, la legislación vigente tiene difícil aplicación si no se realiza un exhaustivo control del tiempo de estancia de cada uno de estos vehículos, a los que se agregan también las caravanas. La solución pasaría por la inspección controlada diaria de las matrículas y el tiempo de estancia de cada uno de los vehículos en las zonas no habilitadas para este fin.
Otro de las preocupaciones de la Asociación Provincial de Hosteleros se refiere al impacto medioambiental que supone la pernoctación en zonas especialmente protegidas. Barba apuntó en este sentido que "no sabemos dónde evacuan los vertidos de aguas sucias y depósitos químicos, puesto que dichas zonas no están preparadas para ello".
Si a esto añadimos un ingrediente más, y es que "la situación por la que están pasando los campings onubenses es mala", la cosa se complica. Se trataría, argumenta Barba, de una clara "competencia desleal de estos asentamientos", algo que está generando que en la provicnia de Huelva "se estén reduciendo drásticamente las plazas de camping", puesto que en los dos últimos años dos establecimientos campistas han cerrado sus puertas.
Para más inri, con el avance de los planes de ordenación de los distintos municipios "estimamos que se perderán entre 4.000 y 5.000 plazas más para acampar", debido a que estos terrenos serán recalificados en muchos casos para construir hoteles. Así, los hosteleros onubenses piden a las autoridades competentes que tengan en cuenta esta pérdida "y que los reubiquen".
En el plano puramente económico, Rafael Barba señaló que "este tipo de turismo ilegal no deja beneficios en los establecimientos de la provincia", y pidió más control para no llegar a los límites que roza la vecina provincia de Cádiz, donde la expansión de campistas ilegales en caravanas y autocaravanas es "irrefrenable".
fuente: Huelva Información
El secretario general de la Asociación Provincial de Hosteleros de Huelva, Rafael Barba, señaló que se trata de un fenómeno que azota al litoral onubense desde hace años y que "cada vez se recrudece más".
El motivo no es otro que la falta de control que las administraciones competentes ejercen sobre las pernoctaciones de autocaravanas "en lugares ilegales para este uso, por lo que los usuarios continúan estableciéndose incluso hasta 50 días con total impunidad", cuando el máximo permitido es de 48 horas.
Y todo a pesar de la reunión anual mantenida entre los hosteleros y la Subdelegación del gobierno y de las "cartas que los campings han enviado a los distintos ayuntamientos" para que regulen la situación a través de ordenanzas municipales que otorguen potestad a Guardia Civil, Policía Local y Autonómica y al Seprona para actuar en este tipo de casos. "Lo único que pueden hacer es instar a los asentados a que se marchen, una medida que no es eficaz".
Ayamonte, la Playa del Hoyo de Isla Cristina (junto a la que sitúa el camping Giralda), la Playa de La Bota en Punta Umbría, los aledaños del Parador de Turismo de Mazagón y Matalascañas son las más castigadas por este fenómeno, si bien "no sólo están en la costa, sino por toda la provincia", agregó Rafael Barba. De este modo, "se convierten en asentamientos totalmente ilegales, como los de algunos inmigrantes".
Además, la legislación vigente tiene difícil aplicación si no se realiza un exhaustivo control del tiempo de estancia de cada uno de estos vehículos, a los que se agregan también las caravanas. La solución pasaría por la inspección controlada diaria de las matrículas y el tiempo de estancia de cada uno de los vehículos en las zonas no habilitadas para este fin.
Otro de las preocupaciones de la Asociación Provincial de Hosteleros se refiere al impacto medioambiental que supone la pernoctación en zonas especialmente protegidas. Barba apuntó en este sentido que "no sabemos dónde evacuan los vertidos de aguas sucias y depósitos químicos, puesto que dichas zonas no están preparadas para ello".
Si a esto añadimos un ingrediente más, y es que "la situación por la que están pasando los campings onubenses es mala", la cosa se complica. Se trataría, argumenta Barba, de una clara "competencia desleal de estos asentamientos", algo que está generando que en la provicnia de Huelva "se estén reduciendo drásticamente las plazas de camping", puesto que en los dos últimos años dos establecimientos campistas han cerrado sus puertas.
Para más inri, con el avance de los planes de ordenación de los distintos municipios "estimamos que se perderán entre 4.000 y 5.000 plazas más para acampar", debido a que estos terrenos serán recalificados en muchos casos para construir hoteles. Así, los hosteleros onubenses piden a las autoridades competentes que tengan en cuenta esta pérdida "y que los reubiquen".
En el plano puramente económico, Rafael Barba señaló que "este tipo de turismo ilegal no deja beneficios en los establecimientos de la provincia", y pidió más control para no llegar a los límites que roza la vecina provincia de Cádiz, donde la expansión de campistas ilegales en caravanas y autocaravanas es "irrefrenable".
fuente: Huelva Información