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Hay que conseguir que se legisle una ley que regule el autocaravanismo en España

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En el Estado español el sector del autocaravanismo, a pesar nuestro, está en sus orígenes. Los que nos hemos atrevido a comprar una autocaravana o camper somos pioneros y como tales pagamos las carencias y las lagunas legislativas que nos flagelan nuestros derechos e intereses, comparándonos con nuestros vecinos compañeros de afición de Francia, Alemania, Paises Bajos, Italia, etc...


Tenemos que soportar las aplicaciones arbitrarias que las diferentes Administraciones hacen de unas leyes desfasadas y obsoletas para nuestro sector ya que tienen sus orígenes en tiempos pasados (las definiciones y conceptos siguen aplicándose) y confunden nuestra libertad de viajar con reuniones marginales de vagos y maleantes que era así como denominaban en tiempos de la dictadura a los miembros de una étnia que osaban acampar cerca de los núcleos urbanos y que se desplazaban en carros tirados por mulos, obligados a moverse permanentemente para que la sociedad "civilizada" y la clase política no se percatara de sus miserias.



Se nos aplican unas leyes de protección de espacios naturales protegidos y del medio ambiente que para nada tienen en cuenta las características de nuestros vehículos respetuosos al 100% con el patrimonio natural y mediambiental por la tecnologia ecológica y sostenible utilizada.



Y si a esto le sumamos la presión que determinados lobbies económicos influyentes y relacionados con el sector turístico-hostelero ejercen (de momento con un cierto éxito) sobre las diversas administraciones para hacer prevalecer sus intereses comerciales, obtenemos la sensación de persecución, de acoso y derribo que cada dia más agobia a los autocaravanistas españoles y que nos empuja a viajar a los paises vecinos donde somos mejor tratados.



Debemos de borrar antiguos conceptos y leyendas negras que para nada se nos pueden aplicar a los autocaravanistas. Desde las Administraciones se debe de reconocer que el turismo en autocaravana contribuye de forma significativa al desarrollo y sostenibilidad del comercio local y proporciona un flujo de ingresos por turismo durante todo el año en todo el país.



Debemos de exigir que se haga un esfuerzo similar al que se ha hecho en otros países de Europa, ya que en España continuan escaseando las condiciones óptimas necesarias para la circulación, aparcamiento ó parada de los vehículos tipo autocaravana. En definitiva que obviar este tipo de turismo, es ir en contra de los propios intereses económicos y financieros del país.



No podemos pleitear eternamente contra los ayuntamientos porque sus ordenanzas municipales no se ajusten a ley. No podemos por cuestiones logísticas y de recursos económicos hacer una reivindicación constante y permanente ante los Tribunales de Justicia reclamando nuestros derechos vilipendiados. Tampoco podemos mantener una revolución permanente en las calles ejerciendo una presión político-social, como debiéramos de hacer.



La solución a nuestros problemas está en conseguir que se legisle una Ley que regule definitivamente y sin parches las condiciones de circulación, acampada y estacionamiento de las autocaravanas y campers en todo el Estado español, aún sabiendo que el panorama competencial de las Comunidades Autónomas puede complicar la situación. No obstante eso apuesto para que se abran vias de negociación política buscando complicidades para que se consiga obtener y legalizar nuestro estatus para poder viajar en paz, en libertad y en armonia con el medio natural y social sin sentirnos culpables sin serlo.



Trabajo tienen pués las entidades asociativas. Seria una forma de invertir bién el tiempo en vez de tirarse los trastos a la cabeza. Hay que intentarlo...!!!

La Constitución Española prevé, también, la participación directa de los ciudadanos en el proceso de producción normativa, configurando al pueblo, mediante la presentación de 500.000 firmas, como sujeto de la iniciativa legislativa. Este reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular permite, de un lado, instrumentar la directa participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas que rigen la vida de los ciudadanos, y posibilita, de otra parte, la apertura de vías para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado, pero que, no obstante, no encuentren eco en las formaciones políticas con representación parlamentaria.


fuente: Pulpo Justiciero
 
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