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Matalascañas podría verse despojada del camping Rocío Playa, el único presente en el núcleo costero, si se materializa la decisión del equipo de Gobierno socialista de revocar definitiva y unilateralmente la concesión administrativa de la que disfrutaba la empresa Protursa. La medida, que fue respaldada por la cámara local en el último pleno celebrado la semana pasada, justifica y sustenta la decisión en dos demoledores informes firmados por sendos técnicos municipales y los inspectores de turismo de la Consejería del ramo, en los cuales se constatan hasta "diecinueve presuntas infracciones. De ellas 14 tipificadas como leves, 4 de carácter grave y una que se puede considerar como muy grave". Para más inri, se enfatiza en un informe jurídico paralelo "la conclusión genérica y la observación de los técnicos que inspeccionaron el establecimiento y que calificaron la situación como penosa y vergonzante".
Benito Ferraro, consejero de Protursa, considera que tras la decisión institucional subyace el interés de "desmantelar el camping para, sobre sus ruinas, construir un hotel". Una medida con la que se daría cumplimiento a la hoja de ruta trazada en el Plan de Ordenación del Ambito de Doñana (POTAD), documento en el que se plasma la posibilidad de destinar dicho suelo a la construcción de 200 plazas hoteleras.
Cabe recordar que Protursa lleva gestionando las 25 hectáreas del camping situado en la parcela de Parque Dunar desde el año 1982. El 17 de mayo de ese año la Diputación de Huelva, que actuaba como concesionaria del entonces Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) rubricó la concesión administrativa. Posteriormente y tras el decreto 1096/1984 de 4 de agosto la propiedad pasó a manos de la Junta de Andalucía, si bien tras una permuta de terrenos con el Ayuntamiento la titularidad finalmente recae en la institución local. No obstante, durante todo este laberinto burocrático la gestión continuó descansando en Protursa, cuya concesión tenía de vigencia 50 años.
En todo este tiempo no han existido encontronazos de relevancia, si bien a tenor de los informes suscritos el 16 de octubre de 2008 por parte de los técnicos y el 3 de febrero de 2009 por parte de la Delegación Provincial de Turismo, la institución municipal reclama ahora la rescisión del contrato. Para ello invoca los artículos 223 y 224 del Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre, dado que la actual ley 30/2007 de 30 de octubre no afecta a los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
A expensas de novedades y de los plazos que articula la ley, el camping continúa abierto al público con total normalidad, si bien el pleno determinó dar traslado del acuerdo a la Consejería de Turismo para que aplique "las medidas que resulten oportunas, en ejercicio de sus competencias". Igualmente conminan a la Junta a que se pronuncie sobre la posibilidad de clausurar cautelarmente las instalaciones , dado el supuesto "riesgo para los usuarios".
De prosperar la petición institucional los socialistas ya han adelantado, en boca del concejal de Patrimonio, Francisco Rodríguez, que en principio no existe intención alguna de volver a licitar la explotación turística ni tan siquiera encomendarle su gestión a una de las múltiples empresas municipales. "Tenemos que sentarnos a estudiar y determinar qué haremos con el camping, si bien de momento no contemplamos continuar explotándolo", enfatizó el edil. No es por ello de extrañar que la empresa interprete estas palabras como un eufemismo que expresa la declaración de intenciones del Ayuntamiento de desmantelar las instalaciones.
Rodríguez ya atisba una apelación a la decisión institucional, si bien se muestra plenamente confiado en "hacer lo correcto en pos del interés general, para lo cual contamos con el aval de las distintas administraciones a través de sus informes".
Por otra parte, al ser cuestionado sobre el hecho de que el POTAD recoja en el propio Parque Dunar una instalación hotelera, el edil ha señalado que la determinación de dar por finiquitada la concesión "no tiene nada que ver" con este hecho, por lo que recalca que la decisión se adopta "única y exclusivamente por la ristra de problemas de salubridad detectados". Es más, el edil subraya que no le importaría que se continuase con esta actividad siempre y cuando "guarde una imagen digna que, entre otras cosas, no ponga en riesgo la salud de los usuarios".
Mientras, el consejero de Protursa asegura desconocer la decisión institucional, si bien no mostró sorpresa alguna por la noticia, al entender que el objetivo primigenio del equipo de Gobierno es expulsarlos sin derecho a indemnización por los 26 años que aun les resta por la concesión administrativa. En este sentido alega que "los turistas de acampada parecen ser el patito feo del turismo y contra ellos se ha levantado una auténtica cruzada institucional". A pesar de todo, el consejero de Protursa señala que no se van a quedar de brazos cruzados, por lo que pondrán toda la documentación en manos de su abogado para que interponga las alegaciones que consideren oportunas, a la vez que recordó que ya existe una densa jurisprudencia en este campo que vendría a respaldarlos. Respecto a las infracciones detectadas, Protursa dice que han presentado alegaciones a los informes de los inspectores y se han subsanado antes del verano.
fuente: http://www.huelvainformacion.es/
Benito Ferraro, consejero de Protursa, considera que tras la decisión institucional subyace el interés de "desmantelar el camping para, sobre sus ruinas, construir un hotel". Una medida con la que se daría cumplimiento a la hoja de ruta trazada en el Plan de Ordenación del Ambito de Doñana (POTAD), documento en el que se plasma la posibilidad de destinar dicho suelo a la construcción de 200 plazas hoteleras.
Cabe recordar que Protursa lleva gestionando las 25 hectáreas del camping situado en la parcela de Parque Dunar desde el año 1982. El 17 de mayo de ese año la Diputación de Huelva, que actuaba como concesionaria del entonces Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) rubricó la concesión administrativa. Posteriormente y tras el decreto 1096/1984 de 4 de agosto la propiedad pasó a manos de la Junta de Andalucía, si bien tras una permuta de terrenos con el Ayuntamiento la titularidad finalmente recae en la institución local. No obstante, durante todo este laberinto burocrático la gestión continuó descansando en Protursa, cuya concesión tenía de vigencia 50 años.
En todo este tiempo no han existido encontronazos de relevancia, si bien a tenor de los informes suscritos el 16 de octubre de 2008 por parte de los técnicos y el 3 de febrero de 2009 por parte de la Delegación Provincial de Turismo, la institución municipal reclama ahora la rescisión del contrato. Para ello invoca los artículos 223 y 224 del Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre, dado que la actual ley 30/2007 de 30 de octubre no afecta a los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
A expensas de novedades y de los plazos que articula la ley, el camping continúa abierto al público con total normalidad, si bien el pleno determinó dar traslado del acuerdo a la Consejería de Turismo para que aplique "las medidas que resulten oportunas, en ejercicio de sus competencias". Igualmente conminan a la Junta a que se pronuncie sobre la posibilidad de clausurar cautelarmente las instalaciones , dado el supuesto "riesgo para los usuarios".
De prosperar la petición institucional los socialistas ya han adelantado, en boca del concejal de Patrimonio, Francisco Rodríguez, que en principio no existe intención alguna de volver a licitar la explotación turística ni tan siquiera encomendarle su gestión a una de las múltiples empresas municipales. "Tenemos que sentarnos a estudiar y determinar qué haremos con el camping, si bien de momento no contemplamos continuar explotándolo", enfatizó el edil. No es por ello de extrañar que la empresa interprete estas palabras como un eufemismo que expresa la declaración de intenciones del Ayuntamiento de desmantelar las instalaciones.
Rodríguez ya atisba una apelación a la decisión institucional, si bien se muestra plenamente confiado en "hacer lo correcto en pos del interés general, para lo cual contamos con el aval de las distintas administraciones a través de sus informes".
Por otra parte, al ser cuestionado sobre el hecho de que el POTAD recoja en el propio Parque Dunar una instalación hotelera, el edil ha señalado que la determinación de dar por finiquitada la concesión "no tiene nada que ver" con este hecho, por lo que recalca que la decisión se adopta "única y exclusivamente por la ristra de problemas de salubridad detectados". Es más, el edil subraya que no le importaría que se continuase con esta actividad siempre y cuando "guarde una imagen digna que, entre otras cosas, no ponga en riesgo la salud de los usuarios".
Mientras, el consejero de Protursa asegura desconocer la decisión institucional, si bien no mostró sorpresa alguna por la noticia, al entender que el objetivo primigenio del equipo de Gobierno es expulsarlos sin derecho a indemnización por los 26 años que aun les resta por la concesión administrativa. En este sentido alega que "los turistas de acampada parecen ser el patito feo del turismo y contra ellos se ha levantado una auténtica cruzada institucional". A pesar de todo, el consejero de Protursa señala que no se van a quedar de brazos cruzados, por lo que pondrán toda la documentación en manos de su abogado para que interponga las alegaciones que consideren oportunas, a la vez que recordó que ya existe una densa jurisprudencia en este campo que vendría a respaldarlos. Respecto a las infracciones detectadas, Protursa dice que han presentado alegaciones a los informes de los inspectores y se han subsanado antes del verano.
fuente: http://www.huelvainformacion.es/