webmaster
Administrator
Los propietarios consideran que ha terminado el plazo de un año para desalojar las parcelas y recuerdan a los últimos inquilinos que deben salir del lugar.
Hace un año, los habitantes del Camping Naturista de El Portús, en su mayoría extranjeros, recibieron una notificación de la administración pidiéndoles que abandonaran las parcelas donde muchos han residido durante décadas. A pesar de esto, 40 de los 200 afectados aún permanecen en el camping y se resisten a irse. Ellos afirman que continuarán en sus viviendas y lucharán en los tribunales para evitar el desalojo, o al menos, conseguir una compensación por parte de los dueños del lugar.
Hace tres semanas, los propietarios enviaron una carta notificando que el 1 de octubre sería el último día permitido para permanecer en las instalaciones, de acuerdo con la normativa que rige los campings en la Región de Murcia. Posteriormente, empezaron a instalar barreras metálicas en la entrada e impidieron el acceso para comenzar las reformas de modernización y mejora de las instalaciones. El objetivo de estas obras es alcanzar estándares más altos de calidad y sostenibilidad, además de cumplir con la normativa regional vigente sobre campings.
Al ver bloqueado el acceso, los residentes que aún viven en el camping contactaron con la Guardia Civil, que intervino y permitió el paso. Algunos de los inquilinos han acusado a los propietarios de utilizar "tácticas intimidatorias", como cortar el suministro de agua, electricidad e internet, según comentó una de las afectadas. "Nos lo cortaron, pero cuando llegaron los guardias civiles, lo restauraron. No nos iremos sin pelear".
Un portavoz de los propietarios señaló que el artículo 9 del Decreto 193/2022, emitido el 27 de octubre, establece que los alojamientos turísticos, incluidos los campings, áreas para autocaravanas, caravanas y similares, en la Región de Murcia, deben ser temporales y no pueden exceder una estancia de 12 meses.
Hace un año, los habitantes del Camping Naturista de El Portús, en su mayoría extranjeros, recibieron una notificación de la administración pidiéndoles que abandonaran las parcelas donde muchos han residido durante décadas. A pesar de esto, 40 de los 200 afectados aún permanecen en el camping y se resisten a irse. Ellos afirman que continuarán en sus viviendas y lucharán en los tribunales para evitar el desalojo, o al menos, conseguir una compensación por parte de los dueños del lugar.
Hace tres semanas, los propietarios enviaron una carta notificando que el 1 de octubre sería el último día permitido para permanecer en las instalaciones, de acuerdo con la normativa que rige los campings en la Región de Murcia. Posteriormente, empezaron a instalar barreras metálicas en la entrada e impidieron el acceso para comenzar las reformas de modernización y mejora de las instalaciones. El objetivo de estas obras es alcanzar estándares más altos de calidad y sostenibilidad, además de cumplir con la normativa regional vigente sobre campings.
Al ver bloqueado el acceso, los residentes que aún viven en el camping contactaron con la Guardia Civil, que intervino y permitió el paso. Algunos de los inquilinos han acusado a los propietarios de utilizar "tácticas intimidatorias", como cortar el suministro de agua, electricidad e internet, según comentó una de las afectadas. "Nos lo cortaron, pero cuando llegaron los guardias civiles, lo restauraron. No nos iremos sin pelear".
Un portavoz de los propietarios señaló que el artículo 9 del Decreto 193/2022, emitido el 27 de octubre, establece que los alojamientos turísticos, incluidos los campings, áreas para autocaravanas, caravanas y similares, en la Región de Murcia, deben ser temporales y no pueden exceder una estancia de 12 meses.
