gonzalo y charo
hablador
Publicado en LA VOZ DE ALCALA, Del 1 al 14 de Marzo de 2006
FUTURO. TANTO EL PARTIDO ANDALUCISTA COMO EL PARTIDO POPULAR ESTÁN PREOCUPADOS POR EL USO DEL TERRENO Y POR LA MALA GESTIÓN.
La subasta de los terrenos del Campin se aplaza al 20 de abril
El equipo de gobierno negocia con la empresa para que finalmente la subasta no se celebre
Redacción
23 DE FEBRERO
En julio de 1985 el Pleno municipal facultaba al alcalde de entonces, Manuel Hermosín, para realizar las gestiones oportunas que permitiesen construir en el Puntal de Oromana un campin de primera categoría. Sería lo que actualmente se conoce como el Campin Oromana. Pero por entonces no se pensó que seis años después este espacio dedicado al recreo pasaría a estar semiderruido. Ante la situación de abandono del campamento, el deterioro irreversible de sus instalaciones y la despreocupación de los responsables municipales, los partidos de la oposición, Izquierda Unida y Partido Andalucista, solicitaron la celebración de un Pleno extraordinario que aclarase por qué el campamento después de su construcción apenas había tenido uso. Esta petición fue rechazada por el alcalde. El 30 de enero de 1990 el Ayuntamiento aprobó ceder el campin y la finca donde estaba instalado a la Empresa Municipal para la Promoción de Alcalá (Empasa), concediéndole todas las competencias sobre su gestión, teniéndolo que reconstruir nuevamente por el estado de abandono que se encontraba.
Sentencia firme
Según ha podido saber este periódico, Empasa tiene pendiente un impago por unas obras realizadas por la empresa Dragados en dos lugares concretos de la ciudad, una junto a la calle Silos y otra junto a Llano Amarillo. La empresa perjudicada inició un proceso judicial que concluyó con una sentencia contra la que no cabía interponer ningún recurso, por lo que se obligaba a Empasa al pago de tales obras o perdería los terrenos de su propiedad en el campin Oromana, que pasaban a ser objeto de embargo y de subasta. Los terrenos del campamento a fecha de 21 de febrero de 2006 tenía dos anotaciones de embargo. La primera de ellas por un valor de 160 770,84 euros (26 750 017 pesetas) de principal, más 48 200 euros (8 019 805 pesetas), de intereses y costas. Esto se producía con fecha de 26 de abril de 2004. Esa anotación se encontraba afecta durante el plazo de cinco años al pago de las liquidaciones que podían girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Cuenta además con otra anotación de embargo. En esta ocasión tiene fecha de 17 enero de este año. Se trata de un montante de 26 884,38 euros (4 473 184 pesetas) de principal, más 8 065,31 euros (1 341 955 pesetas) por intereses y costas. Cada anotación se hace a favor de una empresa, aunque son la misma. Finalmente, el 8 de febrero de 2006, el abogado de la empresa perjudicada presenta una anotación preventiva de embargo en reclamación de unos 1 072 308,88, euros (178 417 185 pesetas) de deuda principal, más 321 692,66 euros, (53 525 154 pesetas) en concepto de intereses y costas. En total la deuda asciende a 1 637 922,07 euros, que son 272 527 301 pesetas.
Subasta
Una vez publicada esa situación en el edicto de subastas, la fecha para salida a la venta de los terrenos se fijaba para el 15 de febrero pero posteriormente fue retrasada, según consta en el tablón de anuncios del Juzgado número 1 de Alcalá de Guadaíra, al 20 de abril de 2006. Se fija un precio de salida de 584 235 euros, aunque el valor real de los terrenos estaría situado muy por encima de la cantidad fijada. La construcción del camping en 1985 costó a la administración local y autonómica unos treinta millones de pesetas, de los que la Junta aportó poco más de dieciséis. Tenía una extensión de 43 750 metros cuadrados, parcelas para tiendas de 94 metros cuadrados y para caravanas de 80 metros cuadrados. Contaba con una zona de recepción, bar, módulos de aseos, lavadero, piscina y servicios generales. Su capacidad era para ochocientas plazas. Actualmente sus instalaciones se encuentran gestionadas por una empresa privada que es la encargada de darle uso. Esta empresa no tendrá problemas ya que su contrato se establece por un periodo de treinta años que deberán cumplirse o en todo caso habrá que indemnizarla.
Negociaciones
La salida a subasta de los terrenos podría tener serias repercusiones económicas para el Ayuntamiento, aunque desde el consistorio se confirma que se está negociando con la empresa perjudicada, «en un clima de entendimiento », para evitar la celebración de la subasta. La única forma de evitar la subasta es el pago de la deuda contraída por la desaparecida Empasa, lo que supondrá un importante desembolso económico. Los terrenos en los que se asienta el campin Oromana están calificados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994, refundido en el de 1997, como terreno para equipamientos y servicios públicos deportivos.
Opiniones políticas
El portavoz del Partido Andalucista, Francisco Rubio, lamenta la situación por lo que puede significar en un futuro próximo, «los terrenos del campin es suelo para equipamientos, y no deseamos, si el embargo y la subasta llegara a término, que puedan producirse recalificaciones, pasando los mismos a manos de terceras personas que vean en estos terrenos una posibilidad de enriquecimiento». El PA manifestó también que esperan que el Ayuntamiento tampoco juegue con una posible recalificación a fin de que esta situación se normalice. Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Fernando Domínguez, comenta que esta situación obedece a la «nefasta gestión del gobierno socialista » y por ello, «los alcalareños deberán pagar como mínimo 584 000 euros que fija el precio inicial de la subasta».
EDITORIAL
Subasta
La historia que desde hace aproximadamente veinte años envuelve al Puntal de Oromana, finca de propiedad municipal hasta el momento, entra ahora en una nueva fase en la que pueden cumplirse los peores augurios que en 1990, cuando le fue cedida a Empasa para destinarla a los usos que estimara, algunas voces, entonces tachadas de alarmistas, ya señalaron. Desde entonces, esa finca, al igual que otras, en la práctica, están enajenadas al pueblo de Alcalá.
Estamos ahora ante el riesgo cierto de que Alcalá pierda la propiedad de esta finca, al salir a subasta para saldar una deuda que la ya extinta Empasa contrajo con una empresa constructora.
No obstante, de prosperar las negociaciones existentes entre el equipo de gobierno y la empresa acreedora en el sentido de suspender la subasta, Alcalá no perdería los citados terrenos, enclavados en un lugar privilegiado, tanto como ambicionado para darles usos crematísticos, pero el costo que ello representaría sería inmenso. Un costo que vendría a sumarse a otros producidos por una pésima gestión y por imprevisiones inexplicables, como ha sucedido con las compensaciones que ha habido que realizar por un trayecto de la carretera del puente del dragón. Es inevitable volver a referirse a la ausencia de exigencia de responsabilidades a los cargos públicos por el manejo incompetente, cuando no por la negligencia, de las propiedades y bienes colectivos, lo que impide que funcione el principio de ejemplaridad.
El futuro del Puntal de Oromana está, pues, en el alero. Lo seguro es que el ayuntamiento, o mejor dicho, Alcalá, tendrá que pagar de una u otra manera las culpas ajenas. Lo que cabe esperar, al fin, es que el equipo de gobierno informe de todos los aspectos de la cuestión en cuanto terminen las negociaciones, lo contrario sería una burla añadida a las pérdidas económicas o, en su caso, patrimoniales.
El futuro de esta finca, tan apetecible como ya hemos dicho, no se encuentra desligado del entorno en que se encuentra. Es de desear, y hasta exigir, que cualquier paso que más adelante se dé en relación a su catalogación y calificación, continuara siendo de propiedad municipal o no, sea en la dirección de conservar íntegras sus características naturales, sin favorecer operaciones urbanísticas para las que nunca faltarán candidatos.
Publicado en La Voz de Alcala, edición impresa.
FUTURO. TANTO EL PARTIDO ANDALUCISTA COMO EL PARTIDO POPULAR ESTÁN PREOCUPADOS POR EL USO DEL TERRENO Y POR LA MALA GESTIÓN.
La subasta de los terrenos del Campin se aplaza al 20 de abril
El equipo de gobierno negocia con la empresa para que finalmente la subasta no se celebre
Redacción
23 DE FEBRERO
En julio de 1985 el Pleno municipal facultaba al alcalde de entonces, Manuel Hermosín, para realizar las gestiones oportunas que permitiesen construir en el Puntal de Oromana un campin de primera categoría. Sería lo que actualmente se conoce como el Campin Oromana. Pero por entonces no se pensó que seis años después este espacio dedicado al recreo pasaría a estar semiderruido. Ante la situación de abandono del campamento, el deterioro irreversible de sus instalaciones y la despreocupación de los responsables municipales, los partidos de la oposición, Izquierda Unida y Partido Andalucista, solicitaron la celebración de un Pleno extraordinario que aclarase por qué el campamento después de su construcción apenas había tenido uso. Esta petición fue rechazada por el alcalde. El 30 de enero de 1990 el Ayuntamiento aprobó ceder el campin y la finca donde estaba instalado a la Empresa Municipal para la Promoción de Alcalá (Empasa), concediéndole todas las competencias sobre su gestión, teniéndolo que reconstruir nuevamente por el estado de abandono que se encontraba.
Sentencia firme
Según ha podido saber este periódico, Empasa tiene pendiente un impago por unas obras realizadas por la empresa Dragados en dos lugares concretos de la ciudad, una junto a la calle Silos y otra junto a Llano Amarillo. La empresa perjudicada inició un proceso judicial que concluyó con una sentencia contra la que no cabía interponer ningún recurso, por lo que se obligaba a Empasa al pago de tales obras o perdería los terrenos de su propiedad en el campin Oromana, que pasaban a ser objeto de embargo y de subasta. Los terrenos del campamento a fecha de 21 de febrero de 2006 tenía dos anotaciones de embargo. La primera de ellas por un valor de 160 770,84 euros (26 750 017 pesetas) de principal, más 48 200 euros (8 019 805 pesetas), de intereses y costas. Esto se producía con fecha de 26 de abril de 2004. Esa anotación se encontraba afecta durante el plazo de cinco años al pago de las liquidaciones que podían girarse por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Cuenta además con otra anotación de embargo. En esta ocasión tiene fecha de 17 enero de este año. Se trata de un montante de 26 884,38 euros (4 473 184 pesetas) de principal, más 8 065,31 euros (1 341 955 pesetas) por intereses y costas. Cada anotación se hace a favor de una empresa, aunque son la misma. Finalmente, el 8 de febrero de 2006, el abogado de la empresa perjudicada presenta una anotación preventiva de embargo en reclamación de unos 1 072 308,88, euros (178 417 185 pesetas) de deuda principal, más 321 692,66 euros, (53 525 154 pesetas) en concepto de intereses y costas. En total la deuda asciende a 1 637 922,07 euros, que son 272 527 301 pesetas.
Subasta
Una vez publicada esa situación en el edicto de subastas, la fecha para salida a la venta de los terrenos se fijaba para el 15 de febrero pero posteriormente fue retrasada, según consta en el tablón de anuncios del Juzgado número 1 de Alcalá de Guadaíra, al 20 de abril de 2006. Se fija un precio de salida de 584 235 euros, aunque el valor real de los terrenos estaría situado muy por encima de la cantidad fijada. La construcción del camping en 1985 costó a la administración local y autonómica unos treinta millones de pesetas, de los que la Junta aportó poco más de dieciséis. Tenía una extensión de 43 750 metros cuadrados, parcelas para tiendas de 94 metros cuadrados y para caravanas de 80 metros cuadrados. Contaba con una zona de recepción, bar, módulos de aseos, lavadero, piscina y servicios generales. Su capacidad era para ochocientas plazas. Actualmente sus instalaciones se encuentran gestionadas por una empresa privada que es la encargada de darle uso. Esta empresa no tendrá problemas ya que su contrato se establece por un periodo de treinta años que deberán cumplirse o en todo caso habrá que indemnizarla.
Negociaciones
La salida a subasta de los terrenos podría tener serias repercusiones económicas para el Ayuntamiento, aunque desde el consistorio se confirma que se está negociando con la empresa perjudicada, «en un clima de entendimiento », para evitar la celebración de la subasta. La única forma de evitar la subasta es el pago de la deuda contraída por la desaparecida Empasa, lo que supondrá un importante desembolso económico. Los terrenos en los que se asienta el campin Oromana están calificados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994, refundido en el de 1997, como terreno para equipamientos y servicios públicos deportivos.
Opiniones políticas
El portavoz del Partido Andalucista, Francisco Rubio, lamenta la situación por lo que puede significar en un futuro próximo, «los terrenos del campin es suelo para equipamientos, y no deseamos, si el embargo y la subasta llegara a término, que puedan producirse recalificaciones, pasando los mismos a manos de terceras personas que vean en estos terrenos una posibilidad de enriquecimiento». El PA manifestó también que esperan que el Ayuntamiento tampoco juegue con una posible recalificación a fin de que esta situación se normalice. Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Fernando Domínguez, comenta que esta situación obedece a la «nefasta gestión del gobierno socialista » y por ello, «los alcalareños deberán pagar como mínimo 584 000 euros que fija el precio inicial de la subasta».
EDITORIAL
Subasta
La historia que desde hace aproximadamente veinte años envuelve al Puntal de Oromana, finca de propiedad municipal hasta el momento, entra ahora en una nueva fase en la que pueden cumplirse los peores augurios que en 1990, cuando le fue cedida a Empasa para destinarla a los usos que estimara, algunas voces, entonces tachadas de alarmistas, ya señalaron. Desde entonces, esa finca, al igual que otras, en la práctica, están enajenadas al pueblo de Alcalá.
Estamos ahora ante el riesgo cierto de que Alcalá pierda la propiedad de esta finca, al salir a subasta para saldar una deuda que la ya extinta Empasa contrajo con una empresa constructora.
No obstante, de prosperar las negociaciones existentes entre el equipo de gobierno y la empresa acreedora en el sentido de suspender la subasta, Alcalá no perdería los citados terrenos, enclavados en un lugar privilegiado, tanto como ambicionado para darles usos crematísticos, pero el costo que ello representaría sería inmenso. Un costo que vendría a sumarse a otros producidos por una pésima gestión y por imprevisiones inexplicables, como ha sucedido con las compensaciones que ha habido que realizar por un trayecto de la carretera del puente del dragón. Es inevitable volver a referirse a la ausencia de exigencia de responsabilidades a los cargos públicos por el manejo incompetente, cuando no por la negligencia, de las propiedades y bienes colectivos, lo que impide que funcione el principio de ejemplaridad.
El futuro del Puntal de Oromana está, pues, en el alero. Lo seguro es que el ayuntamiento, o mejor dicho, Alcalá, tendrá que pagar de una u otra manera las culpas ajenas. Lo que cabe esperar, al fin, es que el equipo de gobierno informe de todos los aspectos de la cuestión en cuanto terminen las negociaciones, lo contrario sería una burla añadida a las pérdidas económicas o, en su caso, patrimoniales.
El futuro de esta finca, tan apetecible como ya hemos dicho, no se encuentra desligado del entorno en que se encuentra. Es de desear, y hasta exigir, que cualquier paso que más adelante se dé en relación a su catalogación y calificación, continuara siendo de propiedad municipal o no, sea en la dirección de conservar íntegras sus características naturales, sin favorecer operaciones urbanísticas para las que nunca faltarán candidatos.
Publicado en La Voz de Alcala, edición impresa.
